El gobernador Ron DeSantis firma una nueva ley que prohíbe la venta directa de vehículos al consumidor en Florida, generando polémica y divisiones en la industria automotriz.
La medida, que busca proteger el sistema de concesionarios establecidos, ha sido interpretada por muchos como un revés para los fabricantes de automóviles y los compradores.
La ley, conocida como HB 637, establece que los fabricantes de automóviles que ya tienen un modelo de distribución a través de concesionarios no pueden ofrecer ventas directas al consumidor. Además, garantiza que los concesionarios sean compensados por las actualizaciones posteriores a la venta de los vehículos y los protege de posibles reducciones en los márgenes de beneficio impuestas por los fabricantes.
Es importante destacar que esta ley no afecta a fabricantes de automóviles como Tesla, Rivian y otros que ya operan mediante ventas directas al consumidor sin utilizar concesionarios establecidos. La medida se aplica únicamente a los fabricantes de automóviles tradicionales con franquicias existentes, con el objetivo de evitar que los consumidores eludan a los concesionarios durante el proceso de compra.
La Asociación de Concesionarios de Automóviles de Florida (FADA) respalda la ley, argumentando que eliminar los concesionarios resultaría en un aumento de los precios para los consumidores y una reducción en la atención al cliente. Según Ted Smith, presidente de FADA, esta distinción protege a aquellos fabricantes que dependen de los concesionarios para su representación en marketing y ventas en Florida.
Además de proteger a los concesionarios, la ley también establece que los fabricantes no pueden imponer precios a los cuales los concesionarios deben adherirse, evitando así posibles aumentos en los márgenes de beneficio de los concesionarios en vehículos de alta demanda.
La nueva legislación también garantiza que los concesionarios sean compensados por las actualizaciones y activaciones de vehículos realizadas a través de actualizaciones inalámbricas. Esto busca proteger los intereses de los concesionarios, asegurando que sean remunerados por cualquier actualización o activación electrónica realizada por un cliente dentro de los dos años posteriores a la compra del vehículo.
Sin embargo, críticos de la ley la consideran anti-consumidor, argumentando que podría aumentar los costos para los compradores y evitar los márgenes de beneficio de los concesionarios. A medida que la industria automotriz experimenta cambios significativos, esta nueva legislación ha generado debates sobre el futuro de la venta de automóviles en Florida y la relación entre fabricantes, concesionarios y consumidores.